La nueva Ley de Delitos Informáticos entró en vigor
Se trata de la Ley N° 21.459, "que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest".
Esta semana ha entrado en vigor la nueva Ley de Delitos Informáticos, legislación que reemplaza a la existente desde 1993 en búsqueda de una mejor adaptación a los tiempos que corren.
Se trata de la Ley N° 21.459, "que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest", su denominación oficial. Como su nombre lo indica, se buscó actualizar los tipos legales y facilitar la persecución de los delitos informáticos a través de las fronteras internacionales.
Pueden encontrar la ley en PDF como apareció publicada en el Diario Oficial, aquí: Publicación del Lunes 20 de Junio de 2022 (interior.gob.cl).
Estos son algunos de los puntos más importantes de la nueva ley:
Define los delitos informáticos según la realidad de hoy, en que existe un enorme abanico de delitos no contemplados en la legislación original.
Entre los delitos que contempla esta nueva ley:
- Acceso ilícito.
- Interceptación ilícita.
- Ataque a la integridad de los datos informáticos.
- Falsificación informática.
- Receptación de datos informáticos.
- Fraude informático.
Considera un atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de hechos investigados que sean constitutivos de alguno de aquellos delitos.
Tiene por agravante el cometer aquellos delitos abusando de una posición de confianza en la administración del sistema informático o siendo custodio de los datos contenidos en él en ejercicio de un cargo o función, y el cometer el delito abusando de la vulnerabilidad, confianza o desconocimiento de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores.
También es un agravante el que producto de la comisión de uno de estos delitos se afecta o interrumpe la prestación de servicios de utilidad pública o el normal desarrollo de los procesos electorales regulados en la ley N° 18.700.
Entrega herramientas para perseguir los delitos informáticos a nivel nacional y transnacional, siguiendo los lineamientos del Convenio de Budapest.
Establece estándares necesarios de evidencia electrónica.
Incorpora ilícitos informáticos que pueden generar responsabilidad penal a las personas jurídicas